La Universidad Estatal de Luisiana (conocida como LSU, por sus siglas en inglés) se encuentra en la mira, luego de que el diario USA Today diera a conocer una investigación hecha por los periodistas Kenny Jacoby, Nancy Armour y Jessica Luther, el pasado lunes. Dicha investigación reveló que las autoridades de la universidad ignoraron en repetidas ocasiones quejas y denuncias sobre faltas de conducta de carácter sexual, a la vez que, cuando decidieron intervenir, no cumplieron adecuadamente con su deber de investigar, en contravención al reglamento de la propia universidad y a lo estipulado en el Título IX, una ley federal que prohíbe la discriminación por razón de sexo en las instituciones educativas, públicas o privadas, que reciban asistencia financiera de parte del gobierno federal.
Este no es el único escándalo que afecta a la universidad, y, más específicamente, al programa de fútbol americano, que consiguió el campeonato nacional en 2019. Hace poco, las autoridades de la universidad prohibieron la entrada a sus instalaciones a Odell Beckham Jr., exjugador de los Tigers y actual estrella de los Cleveland Browns, después de que éste les regalara dinero a algunos jugadores tras haber ganado el campeonato contra Clemson. A su vez, el departamento deportivo sancionó al equipo de fútbol americano con la pérdida de ocho becas durante dos temporadas, después de que se revelara que el padre de un exjugador estaba recibiendo dinero por parte de un hincha de los Tigers (o booster, como se conoce en la jerga habitual). El dinero provenía de una fundación a cargo de un hospital. Cabe recordar que este tipo de beneficios económicos está estrictamente prohibido por la NCAA, la organización que coordina la realización de deportes a nivel universitario en los Estados Unidos.
La investigación revela que nueve integrantes del programa de fútbol americano de la universidad están involucrados en las denuncias, y apunta principalmente contra dos de ellos: Derrius Guice y Drake Davis. Los otros jugadores mencionados son Peter Parrish, Jacob Phillips, Tae Provens, Zach Sheffer, acusados de violación. Solo Provens se enfrenta a una acusación formal, y de hecho fue arrestado. Por su parte, Grant Delpit fue denunciado por haber grabado a una joven mientras tenía relaciones sexuales con ella sin su consentimiento, y por haber divulgado esa grabación. Por último, se apunta contra Davon Godchaux y Ray Parker, quienes fueron arrestados por violencia durante el noviazgo, aunque Godchaux no fue imputado. La universidad no aclaró si ambos fueron sancionados por razones de privacidad.
Asimismo, se sabe que también hubo denuncias formuladas contra otros estudiantes que no realizaban ninguna actividad deportiva para la universidad. De los jugadores señalados, la universidad solamente admitió haber sancionado a Davis (quien fue expulsado) y a Parrish (se encuentra suspendido por el plazo de un año).
Respecto a los casos analizados, la investigación de USA Today muestra que los directivos, tanto del área deportiva como de la universidad en general, tuvieron una falta de interés y omisiones en la realización de los procedimientos legales contra las personas denunciadas. Además, las autoridades se mostraron poco cooperativas cuando se les pidió acceso a la documentación relevante de los casos en cuestión. En otras ocasiones, tampoco permitieron que aquellos entrenadores y directivos que habían recibido las distintas denuncias hablaran con el medio.
En el caso de Guice, ex RB estrella de los Tigers, fue denunciado en tres ocasiones. La primera ocurrió en el semestre de la primavera de 2016, cuando una integrante del equipo de buceo de la facultad acusó al jugador ante su entrenador y un integrante del departamento de atletismo de violar a una amiga luego de que esta se desmayara tras beber alcohol en exceso durante una fiesta. En el verano siguiente, otra mujer contó que Guice le había sacado una foto (en donde ella se encontraba semidesnuda) sin su permiso, y luego se la había mostrado a un encargado de equipamiento del equipo, y posiblemente a otros. Guice sería nuevamente denunciado por violación, en abril de 2017, esta vez por una jugadora del equipo de tenis.
Pese a las tres denuncias en su contra, las autoridades de LSU “dudaron de las historias de las mujeres, no investigaron o no llamaron a la policía”. Guice sería posteriormente drafteado en la segunda ronda del draft de 2018 por Washington. Sin embargo, el equipo decidió cortar al jugador luego de ser arrestado por la policía del condado de Loudoun, Virginia, a raíz de una denuncia de su exnovia por múltiples instancias de agresión física y por estrangularla hasta quedar inconsciente. Actualmente, se encuentra libre bajo fianza.
El artículo recoge el testimonio de Samantha Brennan, la mujer a la que Guice le sacó la foto sin su consentimiento. Brennan, quien trabajaba en la oficina de reclutamiento, lo conoció a través de un contacto en común, Luke Dudley, encargado de equipamiento del plantel de fútbol americano, quien los presentó en una fiesta. Dudley se encargaría de llevar posteriormente a Brennan a su departamento.
A la mañana siguiente, la mujer recibió un mensaje de parte de Guice, preguntándole si se había olvidado su billetera. El jugador le confesó que había estado en su departamento, cosa que Brennan no recordaba, puesto que había tomado demasiado alcohol. Posteriormente, Brennan se enteró de que estaba circulando una foto de ella semidesnuda, y Dudley le dijo que Guice se la había enviado. A raíz de ello, la estudiante se reunió con la cabeza del área de reclutamiento de fútbol, Sharon Lewis, y Miriam Segar, directora deportiva asociada senior. Segar acompañaría a Brennan a presentar un reporte ante la policía del campus universitario. Dudley también le dijo a Brennan que había gente de alta jerarquía que también estaba al tanto de lo ocurrido. La estudiante abandonaría LSU un tiempo después.
Cuando periodistas de USA Today, a raíz de una investigación sobre las dos denuncias de violación contra Guice, hicieron un pedido de acceso a todos los reportes policiales que involucraran al jugador, la universidad solo le dio aquellos que estaban vinculados a procesos no penales y omitieron proveerles documentación o hablar del caso de Brennan, lo que constituye una violación a la ley estatal de registros públicos. Brennan se enteró de la investigación del diario respecto a las denuncias de violación y se contactó con los periodistas respecto de su propia situación. Ella también pidió acceder a los registros de su denuncia, pero la universidad primero le dio una versión abreviada que omitía muchos detalles, y ante un segundo pedido, contestó que no podría tener los reportes completos hasta que el caso prescribiera. En consecuencia, tanto Brennan como el diario estadounidense demandaron a la universidad, que tampoco proveyó la documentación requerida por la jugadora de tenis que alegó ser violada por Guice.
Respecto a Drake Davis, el receptor entró en relación en enero de 2017 con una estudiante que integraba el equipo de tenis de la universidad. Al poco tiempo, Davis ejerció violencia sobre la mujer, dejándola ensangrentada o con moretones al menos seis veces en apenas poco más de un año.
La novia de Davis le contó a un entrenador físico, Donavan White, y a sus entrenadores del equipo de tenis, Mike y Julia Sell. El padre de la estudiante también habló con Mike Sell al respecto. Sin embargo, y pese a que la normativa de la universidad obligaba a los empleados que se enteraban sobre alguna violación al Título IX a informar lo sucedido, ni White ni los Sell informaron a las autoridades de la universidad. Incluso negaron estar al tanto de las actividades de Davis, lo que fue refutado tanto por el padre de la joven como por una exjugadora de tenis de la universidad, que también había hablado al respecto con los Sell.
Los empleados de la universidad actuaron por primera vez recién en abril de 2018, cuando reportaron a la policía del campus que Davis había golpeado a la estudiante en las costillas, y tres semanas después ella, quien todavía se encontraba adolorida, se sometería a una revisión por parte de sus entrenadores. Posteriormente, la novia de Davis le contaría lo sucedido a la jefa de entrenadores, Micki Collins, y a Miriam Segar.
Sin embargo, los investigadores de la facultad tardaron dos meses en entrevistar a Davis, quien ya había cometido más actos de violencia contra su novia, atacándola en tres oportunidades, y hasta estrangulándola en dos ocasiones. Además, como el incidente había ocurrido adentro del campus, y conforme a la ley Clery, una ley federal que obliga a las instituciones educativas con ayuda del gobierno federal a tener información acerca de los delitos cometidos dentro del campus o en sus cercanías, se le debía notificar a la policía del campus para que determinara si Davis era un peligro para otras personas. Sin embargo, las autoridades no aclararon si ello fue hecho, y la base de datos Clery no contiene registros del incidente.
Tras un incidente particularmente violento ocurrido el 18 de junio, Jonathan Sanders, encargado de asuntos judiciales estudiantiles de la universidad, decidió convocar al receptor a una entrevista el día 11 de julio. Sin embargo, solamente se trató lo ocurrido en este último caso, sin considerar los otros de agresión reportados por la estudiante. Tanto Davis como su novia negaron que se trató de una discusión verbal y no física, pero otros deportistas le dijeron a Sanders que ella estaba encubriendo al jugador. Asimismo, la estudiante diría después en la entrevista con los periodistas que temía represalias por parte de la universidad (específicamente, dijo que tenía miedo de que la echaran o de que le revocaran su beca).
Segar finalmente denunciaría a Davis ante la policía del campus el 16 de agosto, luego de que la mujer le mandara fotos con los moretones que habría sufrido por parte de este, así como mensajes en donde amenazaba con matarla e intentaba inducirla al suicidio. Davis sería arrestado e imputado por el delito grave de violencia de noviazgo. A su vez, el head coach Orgeron decidió suspender al receptor (que había sido temporalmente suspendido y luego readmitido en el gimnasio) del equipo de fútbol americano por tiempo indefinido.
Sin embargo, Verge Ausberry, vicedirector deportivo, había recibido un mensaje de Davis el 14 de abril de ese año, en donde él confesaba haberle pegado a su novia. Pese a ello, Ausberry nunca hizo nada al respecto, y ese mensaje eventualmente se encontró en una pesquisa realizada al celular del jugador a finales de agosto. Ni Ausberry ni la universidad contestaron preguntas sobre el incidente y el directivo borró los mensajes de su conversación con Davis, pese a que estaba obligado por una política de la universidad a mantener su correspondencia por al menos cinco años. Ausberry sería posteriormente ascendido.
Davis sería nuevamente arrestado el 16 de septiembre, cuando volvió a acercarse a su novia y a agredirla, en contravención de la orden de un tribunal. Al día siguiente, Davis abandonaría la universidad. En marzo de 2019, Davis se declaró culpable por dos cargos de agresión y la violación de una orden preventiva. A cambio, la fiscalía retiró otros cargos en su contra. Cuatro meses después sería nuevamente arrestado por otro cargo de agresión, aunque el caso está demorado por la pandemia. Al mismo tiempo, LSU tomó la decisión de expulsarlo (cuatro meses después de ser condenado y diez meses después de abandonar la universidad) por violaciones al código estudiantil y a las políticas del Título IX. Su novia nunca fue notificada y solo se enteró del hecho a raíz de la investigación de USA Today.
Las denuncias no solo involucran a los jugadores del programa de fútbol americano. La investigación periodística habla del caso de Elisabeth Andries, una estudiante de ingeniería industrial quien, en 2019, junto a otra estudiante, denunciaron a un miembro de la fraternidad (cuya identidad permaneció reservada por pedido de ambas mujeres) que había agredido sexualmente a Andries en medio de un viaje ocurrido en 2017. La denunciante se sorprendió al ver al agresor en la misma clase que ella, dos años después del hecho. Esta persona también había agredido a la segunda estudiante de la misma forma y en las mismas circunstancias que a Andries.
El proceso se extendió durante varios meses en los que la universidad no informó adecuadamente a las denunciantes sobre el progreso del caso, concedió apelaciones al estudiante denunciado sin avisar a la contraparte y se negó a cumplir con pedidos de protección por parte de Andries y la segunda mujer. Y, pese a que la universidad declaró que el estudiante era culpable en primera y segunda instancia, se negó a removerlo de la cátedra que compartía con Andries, con el argumento de que él tenía los mismos derechos que ella.
El acusado fue penalizado por Sanders con participación obligatoria en cursos de manejo de ira y/o relaciones saludables, un curso de ética y toma de decisiones y una suspensión diferida de cuatro semestres. Cuando Andries y la otra estudiante apelaron ante una junta de representantes estudiantiles y de la universidad, ofrecieron el testimonio de una tercera mujer, y también sugirieron contactarse con el presidente de la fraternidad al momento de los hechos denunciados. Sin embargo, en ningún momento se contactó a la mujer en cuestión y Sanders llamó al presidente de la fraternidad equivocada.
Más allá de los errores de procedimiento, la junta agravó la sanción contra el denunciado con una suspensión efectiva por dos semestres y la prohibición de estar en el campus. Sin embargo, Andries se sorprendió al verlo al poco tiempo en un partido de fútbol americano. Al agresor le habían concedido una extensión para permitirle estar en el campus, algo de lo que Andries no estaba al tanto. Finalmente, la última apelación del denunciado sería denegada en octubre de 2019.
La investigación no tardó en generar repercusiones. Poco después de la publicación de la investigación, el departamento de atletismo de la universidad expresó: “Estamos comprometidos a responder prontamente a cualquier reporte de inconducta, a investigar estos reportes de una manera justa y equitativa y a apoyar a las víctimas de cualquier forma posible. Poner fin al abuso y la agresión sexual es una prioridad institucional, y estamos trabajando constantemente para lograr dicho objetivo”.
Por su parte, el head coach Orgeron expresó en una conferencia que había una obligación legal y moral de investigar todas las acusaciones realizadas ante la oficina del Título IX de la universidad, y expresó confianza en que la universidad está trabajando para abordar las políticas y procedimientos ante dichas acusaciones.
El presidente interino de LSU, Thomas Galligan, publicó declaraciones en las que reafirmó el compromiso de la universidad de “prevenir todo acto de violencia y crear un ambiente de trabajo y aprendizaje seguro para todos los miembros de nuestra comunidad”.
A message I'd like to share with the LSU community: pic.twitter.com/LM13X6qQrf
— Tom Galligan (@LSUpresident) November 16, 2020
Galligan también anunció que la universidad contrataría al estudio jurídico Husch Blackwell, que se encargará de realizar un análisis detallado del protocolo y procedimiento relacionado con el Título IX, además de analizar los casos específicos que han sido objeto de la investigación periodistica.
En respuesta, líderes de grupos estudiantiles de la universidad criticaron a las autoridades y realizaron una carta abierta en la que pidieron la renuncia de aquellas personas involucradas en el escándalo. Este pasado viernes se llevó a cabo una protesta de alumnos en donde cientos de personas se reunieron en repudio a la actuación de la universidad. El evento contó con la participación como oradoras de Brennan y Andries, las estudiantes que decidieron salir a la luz en el informe del diario estadounidense.
Después de ver la reacción al informe, Caroline Schroeder, la estudiante que hizo la denuncia junto a Andries, decidió revelar su identidad. A su vez, la novia de Davis, Jade Lewis (a quien la investigación también había dejado en el anonimato), también decidió hablar a través de su cuenta de Twitter para refutar unos comentarios hechos por Julia Sell, en los que ella alegaba que no había tenido conocimiento de los hechos cometidos por Davis.
— Jade (@jade_lewis98) November 19, 2020
Por su parte, el gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, expresó su opinión sobre lo sucedido en medio de una conferencia sobre la pandemia. Consultado por la investigación, manifestó sentirse “profundamente preocupado” y señaló que “no podemos tolerar cualquier instancia en donde alguien voluntariamente pudiera hacer caso omiso de acusaciones plausibles. Si ello ocurrió, debemos saberlo”.
Desde hace algunos años me podés encontrar en NFL Argentina en Twitter comentando partidos, y ahora me sumo a No Huddle para aportar mi granito de arena y ayudar a convertirlo en el medio líder en el deporte. Me volví aficionado al fútbol americano por casualidad, cuando me topé con el Super Bowl XLVI mientras hacía zapping una noche de verano. Tras aquel partido, comencé a seguir a los Patriots, a quienes les tuve simpatía porque perdieron en esa oportunidad. Pensé que era una buena opción, hasta que poco después me enteré que eran los más ganadores del momento... terminó siendo una gran decisión.
